Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata cada año a 6 millones de personas, de las cuales 600 mil, además, no son fumadoras. En el cuerpo, el cigarrillo provoca adicción, cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, insuficiencia cardíaca, entre otras enfermedades; y su industria también produce un gran impacto en el ambiente.
En este sentido, el tabaco es una de las mayores amenazas de salud pública, aunque solo el 18% de la población de todo el mundo está protegida actualmente por leyes sobre espacios sin humo.
Pero no todo está perdido. Una vez más Latinoamérica vuelve a alzarse contra las grandes multinacionales y hace posible que su voz sea escuchada.
Una de las mayores tabacaleras de todo el mundo, Philip Morris International, había iniciado en 2010 un juicio contra el gobierno uruguayo por su política contra el consumo del tabaco; especialmente por dos medidas puntuales: la prohibición de vender más de una variedad de cada marca, y la obligación de que las cajas tengan el 80% de su superficie cubierta con imágenes informativas sobre los daños del tabaco a la salud.
De hecho estas medidas se corresponden con lo que plantea la OMS cuando señala que «Las advertencias textuales y gráficas impactantes (en especial las que incluyen imágenes) permiten reducir el número de niños que empiezan a fumar y aumentar el número de fumadores que dejan el tabaco», lo cual ya ha sido comprobado en países como Brasil, Canadá, Singapur y Tailandia.
Ahora, en un fallo histórico en contra de la tabacalera, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial y que tiene sede en Washington, ha establecido que la compañía deberá pagarle al país con 7 millones de dólares y hacerse cargo de los gastos del tribunal.
«Las medidas sanitarias que hemos implantado para el control del tabaco y la protección de la salud de nuestro pueblo han sido expresamente reconocidas como legítimas y, además, adoptadas en función del poder soberano de nuestra república», señaló el Presidente Tabaré Vázquez.
Y agregó: “Hemos probado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que nuestro país, sin violar ningún tratado, ha satisfecho su irrenunciable compromiso con la defensa de la salud de su gente”.
Aun así, desde Philip Morris señalaron que este fallo no cambiará la realidad porque argumentan que el gobierno violentó distintos tratados que “protegían” los derechos de los inversionistas (y por eso pedían una compensación de alrededor de 25 millones de dólares).
Por lo cual, el derecho de los pueblos para decidir sobre la vida y salud de sus habitantes continuará todavía en el centro de disputa y será una responsabilidad de todos continuar defendiéndolo.
Aun así, esta noticia, sin duda, marcará un precedente que esperamos que aliente a otros países a desarrollar normativas en defensa de sus pueblos.
Fuente: LaBioGuia
